En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 5 de febrero de 1975, se conferían a la entonces Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, entre otras, las atribuciones para realizar auditorías y balances a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y organismos públicos en que hubiera participación del Estado.
El 18 de diciembre de 1978, se publicó el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, surgiendo con el nivel de Dirección, la Dirección de Auditoría Interna, adscrita a la citada Dependencia.
En el año de 1980 se crea por primera vez una unidad administrativa denominada Dirección de Contraloría, la cual dependía de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
El 21 de enero de 1983, a raíz de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, se crea la Dirección General de la Contraloría del Estado como una dependencia adscrita de forma directa al Ejecutivo, con atribuciones para llevar a cabo revisiones, auditorías y peritajes e implementar y supervisar los sistemas administrativos y de control interno en las dependencias y organismos descentralizados, entre otras.
Al entrar en vigor la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado del 21 de noviembre de 1985, se crea la Contraloría General del Estado con el nivel de Secretaría y se amplía su ámbito de competencias con nuevas atribuciones, entre las que destacan la de planear, organizar y coordinar los sistemas de control y evaluación de la Administración Pública Estatal. Esta dependencia conduce y regula sus actividades conforme a lo preceptuado en su Reglamento Interior, publicado el 6 de marzo de 1987, en el Periódico Oficial del Estado.
Seis años más tarde, el 31 de julio de 1991 se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, quedando integrada en enero de 1992, la Secretaría de la Contraloría General del Estado, con dos Subsecretarías. De la Subsecretaría "A" dependían la Dirección de Auditoría Gubernamental, la Dirección de Auditoría Municipal, la Dirección de Auditoría Paraestatal, la Dirección de Contraloría Social y la Dirección de Control y Evaluación de la Obra Pública. En la Subsecretaría "B" estaban adscritas la Dirección de Evaluación y Control Interno, Dirección de Normatividad y Difusión, Dirección de Sistemas y Procedimientos, Dirección de Administración y la Dirección de Asesoría Jurídica.
En octubre de 1997, la dependencia cambia su visión de servicio enfocándose a la prevención, y evaluación, bajo una estructura funcional y operativa, transformando la Subsecretaría "B", y las Direcciones de Evaluación, de Desarrollo Administrativo, de Normatividad y de Informática.
Evaluación de la Gestión y Desarrollo Administrativo, se plantea elevar la credibilidad y transparencia de las acciones de Gobierno rediseñando sus labores de control para transformarse en una dependencia facilitadora de las mejores prácticas y agilizar el uso y aplicación de los recursos de la sociedad con mejores controles sobre el poder público, impulsando una sólida cultura de rendición de cuentas, que promueva la mejora continua de los servicios públicos y el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios en el desempeño de sus tareas administrativas. El 20 de agosto de 2004 se publica en el Periódico Oficial del Estado el Reglamento Interior de la Contraloría Interna del Gobierno del Estado, que abroga el anterior de 1994.
Es el 19 de julio de 2008 cuando se publica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León como una ley reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; y reguló el derecho fundamental de acceso de cualquier persona a la información pública y la protección de los datos personales en posesión de cualquier autoridad, dependencia, unidades administrativas, entidad, órgano u organismo del Estado y Municipios de Nuevo León.
El 2 de octubre de 2009, se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, brindando especial atención al tema de transparencia, siendo así la primera dependencia estatal en todo México en denominarse "Contraloría y Transparencia Gubernamental". La Contraloría y Transparencia Gubernamental quedó a cargo de un Contralor General, e inicialmente contaba con una Subcontraloría, así como con las Direcciones Jurídica, Administrativa, de Tecnología e Información, de Transparencia Gubernamental, de Calidad y Modernización Gubernamental, de Auditoría Paraestatal, de Auditoría en Educación, de Auditoría en Salud y de Auditoría de Obra Pública.
En noviembre el año 2011 se creó la Unidad Anticorrupción de Poder Ejecutivo como un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, con autonomía técnica y operativa en el ejercicio de sus funciones.
Continuando con acciones derivadas del POFIF, el 13 de junio de 2014, se publicó una reforma al Reglamento Interior, llevándose a cabo una nueva reestructura y reorganización de atribuciones de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, que significó la desaparición de la Dirección de Calidad y Modernización Gubernamental de su organigrama, trasladándose sus atribuciones a la Dirección Administrativa y a la entonces Dirección de Transparencia Gubernamental y Calidad, la cual, además de sus funciones, tendría bajo su responsabilidad fomentar la cultura de la calidad en el servicio público en la Administración Pública Estatal. Por su parte la Dirección Administrativa quedó como encargada adicionalmente de proponer, ejecutar y dar seguimiento a sistemas, acciones y procedimientos en materia de tecnologías de información, seguridad informática y telecomunicaciones de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Fruto de la reforma constitucional del 2014 en materia de transparencia se facultó al Congreso del Estado de Nuevo León para realizar las diversas adecuaciones al marco jurídico local, con la finalidad de dotar de facultades y obligaciones a los sujetos y entes obligados en materia de transparencia y protección de datos personales. El 1 de julio de 2016 fue publicada la actual normatividad; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, adecuando la legislación federal a la local.
El 27 de mayo de 2015, mediante el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, se instituyó en el artículo 113 la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), instancia de coordinación entre las autoridades de todas las órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección, investigación, sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
El 18 de julio de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de General de Responsabilidades Administrativas, que tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves.
Una vez publicado el decreto federal que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de donde deriva la facultad del Congreso de la Unión para expedir las leyes relativas al Sistema Nacional Anticorrupción, con ello facultó al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León para realizar las diversas adecuaciones al marco jurídico local, con la finalidad de dotar de facultades a los Entes públicos locales que participan en el combate a la corrupción en la entidad. Por lo que se aprobó el decreto 097 que reformó y adicionó las diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción; el decreto 280 del 6 de julio de 2017 referente a la publicación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León; y el decreto 314 del 6 de diciembre de 2017 en el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, con el cual la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, se conformó como un órgano autónomo, junto a la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, integrantes del actual sistema anticorrupción.
La construcción del Sistema Estatal Anticorrupción del cual la Contraloría y Transparencia Gubernamental es parte, ha supuesto un impulso claro para apuntalar la legalidad y la transparencia en la administración pública a través de la expedición de leyes, el reforzamiento a instituciones garantes de la vigilancia y el control de la administración pública, y la creación de nuevos comités encargados de la coordinación del Sistema.
El 7 de junio de 2019 se expidió la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León con lo cual se determinó las competencias de las autoridades estatales y municipales, para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, hechos de corrupción o en situación especial, así como los procedimientos para su aplicación.
Reformando el primer párrafo y las fracciones I, II, VI, X, XII, XVI y XVIII, y se adicionaron las fracciones de la XXIX a la XXXIX del artículo 33 de la entonces Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, con ello se actualizó el marco jurídico que permitió a la Contraloría y Transparencia Gubernamental colaborar en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción, el Sistema Estatal de Fiscalización, así como supervisar y coordinar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
El 05 de febrero de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Nuevo León, con la cual se establecieron las bases generales conforme a las cuales los servidores públicos, al separarse de su empleo, cargo o comisión, harán la entrega recepción de los recursos humanos, materiales, financieros y demás asuntos que les hayan sido encomendados para el ejercicio de sus funciones.
El 23 de julio de 2021 se publicó en el Periódico Oficial el Reglamento Interior de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, se realizaron modificaciones imprescindibles a la estructura organizacional, surgiendo la Subcontraloría encargada de coordinar los sistemas de verificación y auditoria de la Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; además de la Dirección de Seguimiento de Concursos y Licitaciones.
El 2 de octubre de 2021 se publicó la vigente Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León con el objeto establecer la estructura orgánica y regular el funcionamiento de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, la cual se integra por la Administración Pública Central y la Paraestatal. Con lo que se inició una estructura ambiciosa para lograr los compromisos adquiridos con la ciudadanía, de forma ordenada y sin la erogación excesiva de recursos; desempeñando un papel responsable y constituyéndose como un facilitador, garante para el desarrollo económico y humano. En ese mismo sentido, se contempló la construcción de tres gabinetes, como áreas para la clasificación de las Secretarías: de Buen Gobierno, de Generación de Riqueza Sostenible y de Igualdad para todas las Personas.
Dentro del Gabinete de Buen Gobierno se incluyó a la Contraloría y Transparencia Gubernamental, lo que supuso un momento clave en el estricto cumplimiento de su función gubernamental al incorporar en el artículo 26 las facultades y obligaciones, que robustecen su capacidad de llevar a cabo acciones y programas que propicien la legalidad y transparencia en la gestión pública.
El 28 de enero del 2022 se publicó el actual Reglamento Interior de la Contraloría y Transparencia Gubernamental a raíz de las modificaciones estructurales y legales que trascendieron en las facultades y obligaciones de la institución.
El 1 de Octubre de 2022 se publicó la reforma integral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, con la cual se garantizan los derechos y mecanismos para resolver los problemas de la entidad, correspondiendo al Poder Ejecutivo en su artículo 125 fracción VII proponer al Congreso del Estado, de acuerdo con el procedimiento de la Constitución, al titular del Órgano Interno de Control Estatal, el cual tendrá autonomía de ejercicio presupuestal y de gestión para organizar su estructura y funcionamiento, para estar en aptitud de planear, organizar y coordinar los sistemas de control de la Administración Pública Estatal.
Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
Estudió la Licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es Maestra en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal;
también es maestra normalista.
Se desarrolló profesionalmente dentro del Poder Judicial como Secretaria Fedataria, Jueza Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León y Magistrada de la Quinta Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León,
también fue la primera mujer en ser designada Presidenta de dicho Tribunal; además, fue Consejera del H. Consejo de la Judicatura Federal designada por el Ejecutivo Federal.
Por otro lado, ha fungido como Secretaria de Estado en la Secretaría de la Reforma Agraria ahora SEDATU y Consejera Jurídica del Presidente de la República,
también como la primera mujer en el puesto. Mientras que en la academia, se ha desempeñado como catedrática de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Actualmente trabaja como Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y como Coordinadora Regional Propietaria de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación.
Ha sido premiada con la medalla Ignacio Burgoa, por ser la mejor estudiante de la Generación 1976-1979, por parte del Colegio de Abogados de Monterrey, también obtuvo la medalla a la Mejor Estudiante de México por el Diario de México. Por otro lado,
fue reconocida con la “Flama, Vida y Mujer” entregado por el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el ámbito “Desarrollo Gubernamental”,
La Medalla al Mérito Cívico del 2008 y el premio “Excelencia en el Desarrollo Profesional 2016” otorgado por la Federación de Colegios Profesionales del Estado de Nuevo León.
Consolidar a la Contraloría y Transparencia Gubernamental como una dependencia modelo en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, así como en el combate a la corrupción. Fortaleciendo la cultura de la legalidad, la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.
Impulsar la cultura de la legalidad y la ética como ejes rectores del servicio público, fortaleciendo los procesos de control interno, transparencia y rendición de cuentas, para la prestación de servicios de calidad y el desempeño honesto y eficiente de los servidores públicos.
Convertir a Nuevo León en un estado líder en transparencia y rendición de cuentas, donde la eficiencia en vigilar el correcto uso de los recursos públicos así como en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y actos de corrupción, sean la garantía para la prevalencia del estado de derecho.
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